El cansancio y las náuseas de su marido fueron tan intensas que no fue a trabajar por tres días. Pero bebió agua con lima en lugar de ir al médico porque no tienen seguro médico. “A mucha gente le pasa esto”, agregó.

No existen normas federales para proteger a los trabajadores como los García cuando los días son excesivamente calurosos. Y sin el apoyo bipartidista del Congreso, incluso con la atención urgente de la administración Biden, es posible que el alivio no llegue en años.

El presidente Joe Biden encargó en 2021 a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) la elaboración de normas para prevenir los accidentes y las enfermedades causados por el calor.

Pero ese proceso de 46 pasos puede llevar más de una década y podría estancarse si un republicano es elegido presidente en 2024, porque el Partido Republicano se ha opuesto generalmente a las regulaciones de salud laboral en los últimos 20 años.

Estas normas podrían obligar a los empleadores a proporcionar abundante agua potable, descansos y un espacio para refrescarse a la sombra o con aire acondicionado cuando las temperaturas superen un determinado umbral.

El 7 de septiembre, OSHA comenzó reuniones con propietarios de pequeñas empresas para discutir sus propuestas, incluidas las medidas que deberían adoptar las empresas cuando las temperaturas llegan a los 90 grados.

Como este verano se han batido récords de calor, la congresista Judy Chu (demócrata de California) y otros miembros del Congreso han impulsado una legislación que aceleraría el proceso de elaboración de normas de OSHA.

El proyecto de ley lleva el nombre de Asunción Valdivia, una trabajadora agrícola que se desmayó mientras recogía uvas en California en un día de 105 grados en 2004. Su hijo la recogió del campo y Valdivia murió de un golpe de calor en el trayecto a su casa.

“Ya sea en una granja, conduciendo un camión o trabajando en un almacén, los trabajadores como Asunción mantienen nuestro país en funcionamiento mientras soportan algunas de las condiciones más difíciles”, dijo Chu en declaraciones en julio en la que instaba al Congreso a aprobar el proyecto de ley.

Las organizaciones profesionales que representan a los empresarios se han opuesto a las normas, calificándolas de “exageradas”. También afirman que faltan datos que justifiquen regulaciones generales, dada la diversidad de trabajadores y lugares de trabajo, desde restaurantes de comida rápida hasta granjas.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, uno de los grupos de presión más poderosos de Washington, argumentó que tales medidas carecen de sentido “porque cada empleado experimenta el calor de forma diferente”. Además, según la Cámara, normas como los ciclos de trabajo-descanso “amenazan con perjudicar directa y sustancialmente… la productividad de los empleados y, por lo tanto, la viabilidad económica de su empleador”.

“Muchos de los problemas relacionados con el calor no son consecuencia del trabajo agrícola ni de la mala gestión del empresario, sino del moderno estilo de vida de los empleados”, escribió el Consejo Nacional del Algodón en su respuesta a la legislación propuesta.

Por ejemplo, el aire acondicionado hace más difícil que las personas se adapten a un ambiente caluroso después de haber estado en una vivienda o un vehículo fríos, y señaló que “los trabajadores más jóvenes, más acostumbrados a un estilo de vida más sedentario, no pueden aguantar un día trabajando al aire libre”.

La Asociación de Recursos Forestales, que representa a los propietarios de terrenos forestales, la industria maderera y los aserraderos, agregó que “las enfermedades y muertes relacionadas con el calor no figuran entre los riesgos laborales más graves a los que se enfrentan los trabajadores”. Citaron cifras de OSHA: la agencia documentó 789 hospitalizaciones y 54 muertes relacionadas con el calor a través de investigaciones e infracciones de 2018 a 2021.

OSHA admite que sus datos son cuestionables. Ha dicho que sus cifras “sobre enfermedades, accidentes y muertes relacionadas con el calor en el trabajo son probablemente grandes subestimaciones”.

Los accidentes y enfermedades no siempre se registran, las muertes provocadas por las altas temperaturas no siempre se atribuyen al calor, y los daños relacionados con el calor pueden ser acumulativos, provocando infartos, insuficiencia renal y otras dolencias después de que la persona haya abandonado su lugar de trabajo.

El efecto de la temperatura

Para establecer normas, OSHA debe conocer los efectos del calor en los que trabajan en interiores y al aire libre. La justificación es una parte necesaria del proceso, porque las normativas aumentarán los costos para los empresarios que necesiten instalar sistemas de aire acondicionado y ventilación en el interior, y para aquellos cuya productividad pueda bajar si se permite a los que trabajan a la intemperie tomar descansos o reducir las jornadas cuando suban las temperaturas.

Lo ideal sería que los empresarios tomaran medidas para proteger a los trabajadores del calor independientemente de las normas, afirmó Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública. “Tenemos que hacer un mejor trabajo para convencer a los empresarios de que hay una compensación entre la eficiencia y los trabajadores enfermos”, dijo.

García y su marido sufrieron los síntomas del golpe de calor: vómitos, náuseas y fatiga. Pero sus casos forman parte de los miles que no se contabilizan cuando la gente no va al hospital ni presenta denuncias por miedo a perder su empleo o estatus migratorio.

Los trabajadores agrícolas están notoriamente subrepresentados en las estadísticas oficiales sobre accidentes y enfermedades laborales, según David Michaels, epidemiólogo de la Universidad George Washington y ex administrador de OSHA.

Investigadores que encuestaron a trabajadores agrícolas de Carolina del Norte y Georgia encontraron que más de un tercio presentaba síntomas de enfermedad por calor durante los veranos analizados, una cifra muy superior a la registrada por OSHA. En particular, el estudio de Georgia reveló que el 34% de los trabajadores agrícolas no tenía descansos regulares, y una cuarta parte no tenía acceso a espacios con sombra.

Incluso los casos en los que los trabajadores son hospitalizados pueden no atribuirse al calor si los médicos no documentan la conexión. Muchos estudios relacionan los accidentes laborales con el estrés térmico, que puede causar fatiga, deshidratación y vértigo.

En un estudio realizado en el estado de Washington, se observó que los trabajadores agrícolas se caían de las escaleras con más frecuencia en junio y julio, unos de los meses más calurosos y húmedos. Y en un informe de 2021, investigadores calcularon que las temperaturas más cálidas causaron aproximadamente 20,000 accidentes laborales al año en California entre 2001 y 2018, según los reclamos de compensación de los trabajadores.

Las lesiones renales por calor también aparecen en la base de datos de OSHA de trabajadores lesionados gravemente en el trabajo, como el caso de un empleado de una planta de procesamiento de carne hospitalizado por deshidratación y lesión renal aguda en un caluroso día de junio en Arkansas.

Sin embargo, la investigación revela que el daño renal provocado por el calor también puede ser gradual. Un estudio de trabajadores de la construcción que estuvieron durante un verano en Arabia Saudita reveló que el 18% presentaba signos de lesión renal, lo que los ponía en riesgo de insuficiencia renal futura.

Además de cuantificar las lesiones y muertes causadas por el calor, OSHA trata de atribuirles un costo para poder calcular el ahorro potencial derivado de la prevención. “Hay que medir las cosas, como ¿cuánto vale una vida?”, afirmó Michaels.

Para los trabajadores y sus familias, el sufrimiento tiene consecuencias de largo alcance que son difíciles de enumerar. Los gastos médicos son más obvios. Por ejemplo, OSHA calcula que el costo directo de la postración por calor (sobrecalentamiento debido a insolación o hipertermia), es de casi $80,000 en costos directos e indirectos por caso.

Si esto parece elevado, hay que pensar en un trabajador de la construcción de Nueva York que perdió el conocimiento en un día caluroso y se cayó de una plataforma, y sufrió una laceración renal, fracturas faciales y varias costillas rotas.

El precio de los golpes de calor

Investigadores también han intentado determinar el costo que supone para los empresarios la pérdida de productividad. El trabajo es menos eficiente cuando suben las temperaturas, y si los trabajadores se ausentan por enfermedad y tienen que ser reemplazados, la producción disminuye mientras se entrena a nuevos trabajadores.

Cullen Page, cocinero de Austin, Texas, y miembro del sindicato Restaurant Workers United, trabaja durante horas frente a un horno de pizza, donde, según dijo, las temperaturas oscilaron entre los 90 y los 100 grados cuando las olas de calor golpeaban la ciudad en agosto.

“Es brutal. Afecta tu forma de pensar. Estás confundido”, dijo. “Me dio un sarpullido por calor que no se me quitaba”. Como hace tanto calor, agregó, el restaurante tiene un alto índice de rotación de empleados. Una campana extractora adecuada sobre los hornos y un mejor aire acondicionado ayudarían, pero los propietarios aún no han hecho las mejoras, dijo.

Via 313, la cadena de pizzerías en la que trabaja Page, no respondió al pedido de comentario.

Page no es el único. Una organización que representa a los empleados de restaurantes, Restaurant Opportunities Centers United, encuestó a miles de trabajadores, muchos de los cuales informaron de condiciones inseguras por el calor: el 24% de los trabajadores de Houston, por ejemplo, y el 37% de los de Philadelphia.

“Los trabajadores estuvieron expuestos a temperaturas de hasta 100 grados después de que se rompieron los aparatos de aire acondicionado y los ventiladores de las cocinas, lo que les dificultaba respirar”, escribió el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, que incluye a trabajadores del sector de comida rápida, en una nota a OSHA. “No hay razón para retrasar más la creación de una norma cuando conocemos la magnitud del problema y sabemos cómo proteger a los trabajadores”, dijeron.

Investigadores del Atlantic Council calculan que Estados Unidos perderá una media de $100,000 millones anuales por la baja de la productividad laboral inducida por el calor a medida que el clima se vuelve más cálido. “A los empresarios les cuesta mucho dinero no proteger a sus trabajadores”, afirmó Juley Fulcher, defensora de salud y  seguridad de los trabajadores de Public Citizen, organización de Washington D.C. que aboga por que el proyecto de ley Asunción Valdivia permita a OSHA promulgar normas el año que viene.

Como modelo, Fulcher sugirió fijarse en California, Maryland, Nevada, Oregon y Washington, los únicos estados con normas que obligan a que todos los trabajadores al aire libre tengan acceso a agua, descanso y sombra.

Aunque las normas no siempre se hacen cumplir, parece que surten efecto. Después de que California instaurara la suya en 2005, se registraron menos accidentes en los reclamos de indemnización de los trabajadores cuando las temperaturas superaban los 85 grados.

Michaels afirmó que OSHA ha demostrado que puede actuar con más rapidez de lo habitual cuando el Congreso se lo permite.

En los primeros días de la epidemia de VIH/SIDA, la agencia aprobó rápidamente normas para evitar que médicos, enfermeras y dentistas se infectaran accidentalmente con agujas. Ahora existe una urgencia similar, dijo. “Dada la crisis climática y la prolongación de los períodos de calor extremo”, señaló, “es imperativo que el Congreso apruebe una legislación que permita a OSHA promulgar rápidamente una norma que salve vidas”.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Shementé Jones knew something wasn’t right. Her back hurt. She felt pain during sex.

She said she kept telling her doctor something was wrong.

Her doctor told her, “Just wash your underwear in Dreft,” Jones said, referring to a brand of detergent.

Within months of that 2016 appointment, Jones, who lives in a suburb of Jackson, Mississippi, was diagnosed with stage 3 cervical cancer. She underwent a hysterectomy then weeks of radiation therapy.

“I ended up fine,” said Jones, now 43. “But what about all the other women?”

The question is especially pertinent in Jones’ home state, which had the nation’s second-highest age-adjusted cervical cancer mortality rate, 3.4 deaths per 100,000 women and girls annually from 2016 through 2020, behind only Oklahoma, according to National Cancer Institute data. And, for non-Hispanic Black women such as Jones, the rates in the state are even higher — 3.7 deaths per 100,000 people. This all translates to about 50 avoidable deaths of Mississippi women from cervical cancer each year in this largely rural state.

Health care experts said such a high death rate from a cancer that is preventable, detectable, and successfully treatable when found early is a warning sign about the general state of health care in Mississippi.

“They desperately need help there,” said Otis Brawley, a professor of oncology at Johns Hopkins School of Medicine and an expert on health disparities. “Political leadership is incredibly important in turning this around, and in Mississippi, the political leadership don’t give a damn.”

Despite the beauty of Mississippi, from the rolling hills of the Natchez Trace to white-sand beaches on the Gulf of Mexico, and the cultural renown of its famous musicians and storytellers, the state’s reputation is marred by its high rates of poverty. People who live there are accustomed to being the butt of jokes, but it hurts.

“Often Mississippi gets represented poorly,” said Mildred Ridgway, an OB-GYN at the University of Mississippi Medical Center in Jackson.

Recently the state has reeled from crisis after crisis. As recently as March, tornadoes and other severe weather killed more than two dozen people and caused extensive damage. Last year, the water in Jackson, the state capital, was undrinkable for months because of treatment plant failures.

On just about any measure of health, Mississippi ranks near or at the bottom. Nationally, an estimated 10% of people under 65 lack health insurance, but in Mississippi it is about 14%. Deaths from cardiovascular disease, diabetes, cancer, and many other illnesses are among the highest per capita in the country.

The high rates of poverty contribute to the high cervical cancer mortality, health experts said. About 19% of Mississippians — nearly 1 in 5 — live in poverty, while nationally it is about 13%.

“If I had to pinpoint what that’s from, it’s from lack of education,” said Ridgway, referring to a lack of knowledge about regular cervical cancer screening, which the U.S. Preventive Services Task Force recommends every three years for women 21 to 65.

But it likely goes far beyond that, many health experts said. Doctors may be less likely to stress preventive care to less educated women and women of color, studies suggest.

“There’s a big difference in the quality of care,” said Rajesh Balkrishnan, a professor of public health at the University of Virginia who has extensively studied oncology care in Appalachia and other underserved areas.

In her case, Jones said, she could not get her doctor’s office to return her calls in a timely manner. She was concerned about her symptoms.

“I felt I wasn’t listened to. I called her more than she called me,” Jones said of her doctor. “I was going to my appointments, and I was ignored.”

And getting access to any care — let alone quality, culturally competent care from providers who acknowledge a patient’s heritage, beliefs, and values during treatment — may be difficult.

Most of the state’s 82 counties are rural. The average travel distance to a grocery store is 30 miles, and half the population lives in a county that is considered medically underserved, said Letitia Thompson, a vice president in Mississippi for the American Cancer Society.

Low-income rural residents often lack reliable transportation, she said, and even if they own a vehicle, they lack gas money. They often can’t find — or pay for — someone to take care of their children so they can go to the doctor. Women with low-paying jobs often lack the time to drive to a clinic in a distant town, or the ability to take off from work without losing pay.

“Women who work and take care of children often have a huge burden of responsibility,” Ridgway said. “They don’t have time or the money.”

Many also don’t have insurance. While the Affordable Care Act has lowered the uninsured rate in Mississippi, an estimated additional 88,000 Mississippians could have coverage through Medicaid if the state expanded eligibility for the federal-state insurance program for low-income Americans. But the state is one of 10 that have not agreed to expand coverage to more adults.

Mississippi Gov. Tate Reeves, a Republican up for reelection this year, is opposed to expansion. His Democratic challenger, Brandon Presley, a second cousin of the music legend Elvis, favors it. Polls show Presley lagging Reeves.

Without expansion of Medicaid, people who have low incomes are often left to decide between forgoing insurance and purchasing a policy through the Affordable Care Act marketplace if they cannot get insurance through employment. Even if they qualify for subsidized marketplace plans, they may face high deductibles or copayments for visits, health experts said. That often means going to the doctor only when sick. Preventive care becomes a luxury.

“You save your health care dollars for when you are sick or your kids are sick,” said Thompson, of the American Cancer Society.

But regular medical care can make all the difference with cervical cancer. Pap tests have long helped detect abnormal cervical cells that could turn malignant. Brawley said the test is “one of the best” cancer screening tests because of its accuracy.

In 2006, vaccines to prevent cervical cancer were first approved by the FDA. The vaccines guard against the common sexually transmitted infection called the human papillomavirus, which causes nearly all cervical cancers. The HPV vaccine is most effective when administered before a person has become sexually active; the federal recommendation is to get the shots by age 12.

Only a handful of places in the U.S. — including Hawaii, Rhode Island, Virginia, Puerto Rico, and the District of Columbia — require the vaccines to attend school. California has pending legislation that initially would have required that middle schoolers get the shots, but the bill has since been watered down to recommend them instead.

Mississippi does not require the vaccine, and the state has had the lowest share of fully vaccinated teens by a large margin for years. Fewer than 39% of teens there were up to date on HPV vaccination as of 2022, according to the CDC, compared with an estimated 63% nationally.

Thompson said she thinks many parents are hesitant to have their children vaccinated because they believe it would encourage sexual activity.

“This is an anti-cancer vaccine,” Thompson said.

Krista Guynes, director of the women’s health program at the Mississippi State Department of Health, said the state has several efforts underway to better inform women about the need for screening. It also has clinics for uninsured women. In partnership with the National Cancer Institute and University of Mississippi Medical Center, she said, the health department is conducting a study to evaluate risk and look for new biomarkers in women undergoing screening for cervical cancer.

As for Jones, she considers herself lucky to have survived stage 3 cancer.

“I would just like to say to every woman, ‘Get the vaccine.’ The vaccine will make the difference, so they won’t have to be told, ‘I’m sorry, you have cancer.’”

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

On July 1, Idaho became the only state without a legal requirement or specialized committee to review maternal deaths related to pregnancy.

The change comes after state lawmakers, in the midst of a national upsurge in maternal deaths, decided not to extend a sunset date for the panel set in 2019, when they established the state’s Maternal Mortality Review Committee, or MMRC.

The committee was composed of a family medicine physician, an OB-GYN, a midwife, a coroner, and a social worker, in addition to others who track deaths in Idaho that occur from pregnancy-related complications. Wyoming studies its maternal deaths through a shared committee with Utah. All other states, as well as Washington, D.C., New York City, Philadelphia, and Puerto Rico, have an MMRC, according to the Guttmacher Institute, a reproductive rights research group.

A majority of the state committees were established within the past decade as federal officials scrambled to understand state and local data to address gaps in maternal care. The committees review deaths that occur within a year of pregnancy and identify trends, share findings, and suggest policy changes.

Liz Woodruff, executive director of the Idaho Academy of Family Physicians, said she was “incredibly disappointed” by the legislature’s decision to scuttle the committee. “It seems relevant that the state of Idaho supports a committee that works toward preventing the deaths of pregnant women,” she said. “This should be easy.”

The committee disbanded despite a high rate of maternal mortality in the United States that exceeds those of other high-income countries. The U.S. recorded 23.8 maternal deaths per 100,000 live births in 2020, compared with 8.4 in Canada and 3.6 in Germany, according to the Organization for Economic Cooperation and Development and the Centers for Disease Control and Prevention.

And the U.S. rate is sharply rising. In March, a few weeks before Idaho lawmakers adjourned their 2023 session, the CDC released data that showed the maternal mortality rate in the U.S. climbed in 2021 to 32.9 deaths per 100,000 live births.

Idaho has a particularly acute problem. Its pregnancy-related mortality ratio was 41.8 pregnancy-related deaths per 100,000 live births in 2020, according to the Maternal Mortality Review Committee report from that year.

Hillarie Hagen of Idaho Voices for Children, a nonprofit focused on low- and moderate-income families, said that the committee used the Idaho-specific data to do deep-dive analyses and that an information void would be left by shuttering the board.

“How do we make decisions and policy decisions to improve the health of mothers and their babies if we’re not tracking the data?” she asked. “From our perspective, having consistent data and trends shown over time helps make more sound policy decisions.”

The decision to disband the board came as two hospitals that serve rural areas announced they would stop providing services for expectant mothers. One of the hospitals cited trouble recruiting and retaining OB-GYNs after the state last summer enacted one of the strictest abortion bans in the country.

The committee, tasked with investigating deaths both individually and collectively, found that almost half of the maternal deaths in Idaho in 2020 occurred after delivery.

Amelia Huntsberger, an OB-GYN and a member of the committee, noted also that patients covered by Medicaid during pregnancy are overrepresented in maternal death rates, which led the panel to recommend expansion of postpartum Medicaid coverage to 12 months rather than the current 60 days.

Huntsberger made national headlines this year when she announced plans to leave both her job and the state, citing the state’s abortion ban and the move to dissolve the MMRC.

But in their legislative session, Idaho lawmakers decided not to advance a bill that would have embraced the committee’s recommendation to expand postpartum Medicaid coverage.

The legislation creating the review committee included a “sunset clause” to dissolve the committee on July 1, 2023. Following a contentious session of the Health and Welfare Committee of the Idaho House of Representatives in February, House Bill 81, which would have renewed the committee, failed to advance.

Republican state Rep. Dori Healey said she sponsored the bill because of her work as an advanced practice registered nurse when the legislature is out of session. “For me, being in the health care field, I think it’s always important to understand the why behind anything. Why is this happening? What can we do better?” Healey said. “I feel like in health care we can only improve with knowledge.”

Healey said she hadn’t anticipated the strong opposition to the bill. In declining to advance it, lawmakers cited costs of running the panel, although some, like Huntsberger, say its operation was covered by a federal grant.

The MMRC was funded by the federal Title V Maternal and Child Health Block Grant program, aimed at improving the health of mothers, infants, and children. Idaho has received more than $3 million annually in Title V funds in recent years, according to statistics cited by Huntsberger.

The MMRC, whose members say annual operation costs stand at about $15,000, was deemed budget-neutral, running at no cost to the state.

In an interview with KFF Health News, Marco Erickson, vice chair of the Health and Welfare Committee, said Idaho’s Republican Party has been focused on reducing government spending. He said the same maternal data could be adequately culled through epidemiology reports already published by the Department of Health and Welfare.

“Anytime that there is a death of a mother and child, there is value in evaluating why it occurred,” Erickson said. “The whole committee saw the importance but saw there was another way to do it. It wasn’t that they didn’t think it was valuable.”

Erickson, who previously oversaw elements of maternal and child health in his role as a health program manager for Nevada’s Division of Public and Behavioral Health, said that information could become siloed in government, but it was worthwhile to improve existing bodies, rather than creating a committee anew.

“I think it could be covered elsewhere, and if it’s not being done, they need to make a loud voice to cover it in the existing programs,” he said. “We’re happy to sit down together to find a solution that works.”

The lobbying group Idaho Freedom Foundation celebrated the end of the committee, contending it was a “vehicle to promote more government intervention in health care,” and citing the group’s recommendation to extend Medicaid coverage to mothers for 12 months postpartum.

Elke Shaw-Tulloch, public health administrator at the Department of Health and Welfare, said the department would “continue to collect raw data on maternal deaths and gather as much data as possible through limited, existing sources.” But, she said, it will not have the ability to compel reporting on cases or convene committee members to investigate deaths.

“We are currently assessing what actions we can take and working with stakeholders to address solutions moving forward,” she said.

A group to do so has not yet convened since the legislative session ended in April, although stakeholders say they will focus on bringing another bill before the Idaho Legislature to reinstitute the committee in the 2024 session.

Stacy Seyb, a maternal-fetal specialist who grew up in rural western Kansas and chaired the committee until its dissolution, said that supporting medical providers in more rural areas was part of his lifelong mission and that the work won’t necessarily stop.

“We knew once it didn’t get out of committee that ‘Oh, well, we’re sunk,’” Seyb said. “I know one thing we want to do is collect as much information as we can over the year. Whether it will get reviewed or not, I don’t know.”

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Son parte de una nueva migración de estadounidenses que se están desarraigando debido a una oleada de leyes que restringen la prestación de servicios de salud para personas transgénero.

Missouri, Florida y Texas se encuentran entre al menos 20 estados que han limitado la atención de afirmación de género para jóvenes trans. Los tres estados también están entre aquellos que impiden que Medicaid, el seguro de salud público para personas de bajos ingresos, cubra aspectos clave de estos servicios para pacientes de todas las edades.

Más de una cuarta parte de los adultos trans encuestados por KFF y The Washington Post a fines del año pasado dijeron que se mudaron a otro vecindario, ciudad o estado en busca de un ambiente más tolerante. Ahora se sienten impulsados por las nuevas restricciones en la atención de la salud y la posibilidad de que estas se sigan multiplicando.

Muchos de ellos optan por estados que están aprobando leyes para proteger y apoyar estos servicios, lugares que se han convertido en santuarios. En California, por ejemplo, se aprobó una ley el otoño pasado que protege de demandas a las personas que reciben o brindan servicios de afirmación de género. Y ahora, los proveedores en California están recibiendo cada vez más llamadas de personas que quieren mudarse al estado para evitar interrupciones en sus servicios, dijo Scott Nass, médico local de familia y experto en atención de personas transgénero.

Pero esta afluencia de pacientes presenta un desafío, dijo Nass, “ya que el sistema actual no puede recibir a todos los refugiados que pudiera haber”.

En Florida, la persecución legislativa de las personas trans y su atención médica convenció a Arlo Dennis, de 35 años, de que es hora de irse. Hace más de una década que vive con los cinco miembros de su familia en Orlando. Ahora, tienen planes de mudarse a Maryland.

Dennis ya no tiene acceso a su terapia de reemplazo hormonal. Esto se debe a que desde fines de agosto, el seguro de Medicaid de Florida ya no cubre la atención médica relacionada con la transición. El estado considera que estos tratamientos son experimentales y que su eficacia no está suficientemente probada. Dennis dijo que su medicación se acabó en enero.

“Sin duda esto me ha causado problemas de salud mental y física”, explicó Dennis.

Agregó que mudarse a Maryland requiere recursos que su familia no tiene. Lanzaron una campaña de GoFundMe en abril y ya recaudaron más de $5,600, la mayoría donada por desconocidos, contó Dennis. Ahora la familia de tres adultos y dos niños piensa irse de Florida en julio. La decisión no fue fácil, pero sintieron que no había otra opción.

“No me importa si a mi vecino no le gusta mi forma de vivir”, dijo Dennis. “Pero esto era una prohibición literal de mi ser y me impedía el acceso a la atención médica”.

Mitch y Tiffany Tillison decidieron irse de Texas después de que los republicanos del estado enfocaron su agenda legislativa en las políticas anti-trans para los jóvenes. Su hija de 12 años se declaró trans hace unos dos años. Los padres pidieron que se publicara solo su segundo nombre, Rebecca: temen por su seguridad debido a las amenazas de violencia contra las personas trans.

Este año, la Legislatura de Texas aprobó una ley que limita la atención médica de afirmación de género para jóvenes menores de 18 años. La ley prohíbe específicamento aquellos servicios de salud física. Sin embargo, defensores de los derechos LGBTQ+ en el estado dicen que las medidas recientes también han tenido un escalofriante efecto sobre la prestación de servicios de salud mental para personas trans.

Los Tillison se negaron a precisar si su hija está recibiendo tratamiento y cuál. Pero afirmaron que reservan el derecho, como padres, de poder brindarle a su hija la atención que necesita, y que el estado de Texas les ha quitado ese derecho.

A esto se suman las amenazas cada vez más serias de violencia en su comunidad, sobre todo después del tiroteo masivo del 6 de mayo por parte de un supuesto neonazi. La masacre, que ocurrió en el centro comercial Allen Premium Outlets, en los suburbios de Dallas, a 20 millas de su casa, hizo que la familia decidiera mudarse al estado de Washington. 

“La he mantenido a salvo”, dijo Tiffany Tillison, agregando que suele recordar el momento en que su hija le dijo que era trans durante un largo viaje a casa después de un torneo de fútbol. “Es mi responsabilidad seguir protegiéndola. Mi amor es interminable, incondicional”.

Por su parte, Rebecca tiene una actitud pragmática sobre la mudanza, que está planeada para julio. “Es triste pero tenemos que hacerlo”, dijo.

En Missouri, donde casi se aprueba una medida que limitaba la atención de la salud trans, algunas personas empezaron a repensar si deberían vivir ahí.

En abril, el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, presentó una norma de emergencia para limitar el acceso a la cirugía relacionada con la transición y el tratamiento hormonal cruzado para personas de todas las edades, además de restringir los bloqueadores de la pubertad, medicamentos que detienen la pubertad pero no alteran las características de género.

Al día siguiente, Dempsey, de 24 años, lanzó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos para irse con sus parejas de Springfield, Missouri.

“Somos tres personas trans que dependen de la terapia de reemplazo hormonal y de la atención de afirmación de género que pronto será casi prohibida”, escribió Dempsey en su campaña de GoFundMe, agregando que querían “escapar de Missouri cuando se termine nuestro contrato de alquiler a fines de mayo.”

Dempsey dijo que su médico en Springfield les recetó un suministro de tres meses de terapia hormonal para cubrirlos hasta la mudanza.

Bailey retiró la norma en mayo, cuando la legislatura estatal restringió el acceso a estos tratamientos para menores pero no para adultos como Dempsey y sus parejas. Aún así, Dempsey dijo que no tenía muchas esperanzas para su futuro en Missouri.

El estado vecino de Illinois era una opción obvia para mudarse; la legislatura allí aprobó una ley en enero que exige que los seguros médicos regulados por el estado cubran la atención médica de afirmación de género sin ningún costo adicional. Dónde en Illinois exactamente era una pregunta más importante. Chicago y sus suburbios parecían demasiado caros. Sus parejas querían una comunidad progresista similar en tamaño y costo de vida a la ciudad que estaban dejando. Buscaban “un Springfield”, en Illinois.

“Pero no Springfield, Illinois”, bromeó Dempsey.

Gwendolyn Schwarz, de 23 años, también esperaba quedarse en Springfield, Missouri, su ciudad natal, donde recientemente se graduó de Missouri State University con un título en estudios de cine y medios de comunicación. Pensaba seguir su carrera académica en un programa de posgrado de la universidad y, en el siguiente año, someterse a una cirugía de transición, que puede requerir varios meses de recuperación.Pero sus planes cambiaron cuando la norma propuesta por Bailey generó miedo y confusión.“No quiero quedarme atrapada y temporalmente discapacitada en un estado que no reconoce mi humanidad”, dijo Schwarz.

Ella y un grupo de amigos tienen planeado mudarse al oeste, al estado de Nevada, cuyos legisladores aprobaron una medida que requiere que Medicaid cubra el tratamiento de afirmación de género para pacientes trans.

Schwarz espera que mudarse de Missouri a Carson City, la capital de Nevada, le permita seguir viviendo su vida sin miedo y eventualmente someterse a la cirugía que desea.

Dempsey y sus parejas finalmente decidieron mudarse a Moline, Illinois. Los tres tuvieron que renunciar a sus trabajos, pero han recaudado $3,000 en GoFundMe, más que suficiente para cubrir el depósito de un nuevo departamento.

El 31 de mayo, empacaron las pertenencias que no habían vendido e hicieron el viaje de 400 millas hasta su nuevo hogar.

Dempsey ya tuvo una cita con un proveedor médico en una clínica en Moline que atiende a la comunidad LGBTQ+, y consiguió que le recetaran los medicamentos que necesita para su terapia hormonal.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Hal Dempsey wanted to “escape Missouri.” Arlo Dennis is “fleeing Florida.” The Tillison family “can’t stay in Texas.”

They are part of a new migration of Americans who are uprooting their lives in response to a raft of legislation across the country restricting health care for transgender people.

Missouri, Florida, and Texas are among at least 20 states that have limited components of gender-affirming health care for trans youth. Those three states are also among the states that prevent Medicaid — the public health insurance for people with low incomes — from paying for key aspects of such care for patients of all ages.

More than a quarter of trans adults surveyed by KFF and The Washington Post late last year said they had moved to a different neighborhood, city, or state to find more acceptance. Now, new restrictions on health care and the possibility of more in the future provide additional motivation.

Many are heading to places that are passing laws to support care for trans people, making those states appealing sanctuaries. California, for example, passed a law last fall to protect those receiving or providing gender-affirming care from prosecution. And now, California providers are getting more calls from people seeking to relocate there to prevent disruptions to their care, said Scott Nass, a family physician and expert on transgender care based in the state.

But the influx of patients presents a challenge, Nass said, “because the system that exists, it can’t handle all the refugees that potentially are out there.”

In Florida, the legislative targeting of trans people and their health care has persuaded Arlo Dennis, 35, that it is time to uproot their family of five from the Orlando area, where they’ve lived for more than a decade. They plan to move to Maryland.

Dennis, who uses they/them pronouns, no longer has access to hormone replacement therapy after Florida’s Medicaid program stopped covering transition-related care in late August under the claim that the treatments are experimental and lack evidence of being effective. Dennis said they ran out of their medication in January.

“It’s definitely led to my mental health having struggles and my physical health having struggles,” Dennis said.

Moving to Maryland will take resources Dennis said their family does not have. They launched a GoFundMe campaign in April and have raised more than $5,600, most of it from strangers, Dennis said. Now the family, which includes three adults and two children, plans to leave Florida in July. The decision wasn’t easy, Dennis said, but they felt like they had no choice.

“I’m OK if my neighbor doesn’t agree with how I’m living my life,” Dennis said. “But this was literally outlawing my existence and making my access to health care impossible.”

Mitch and Tiffany Tillison decided they needed to leave Texas after the state’s Republicans made anti-trans policies for youth central to their legislative agenda. Their 12-year-old came out as trans about two years ago. They asked for only her middle name, Rebecca, to be published because they fear for her safety due to threats of violence against trans people.

This year, the Texas Legislature passed a law limiting gender-affirming health care for youth under 18. It specifically bans physical care, but local LGBTQ+ advocates say recent crackdowns also have had a chilling effect on the availability of mental health therapy for trans people.

While the Tillisons declined to specify what treatment, if any, their daughter is getting, they said they reserve the right, as her parents, to provide the care their daughter needs — and that Texas has taken away that right. That, plus increasing threats of violence in their community, particularly in the wake of the May 6 mass shooting by a professed neo-Nazi at Allen Premium Outlets, about 20 miles from their home in the Dallas suburbs, caused the family to decide to move to Washington state.

“I’ve kept her safe,” said Tiffany Tillison, adding that she often thinks back to the moment her daughter came out to her during a long, late drive home from a daylong soccer tournament. “It’s my job to continue to keep her safe. My love is unending, unconditional.”

For her part, Rebecca is pragmatic about the move planned for July: “It’s sad, but it is what we have to do,” she said.

A close call on losing key medical care in Missouri also pushed some trans people to rethink living there. In April, Missouri Attorney General Andrew Bailey issued an emergency rule seeking to limit access to transition-related surgery and cross-sex hormones for all ages, and restrict puberty-blocking drugs, which pause puberty but don’t alter gender characteristics. The next day, Dempsey, 24, who uses they/them pronouns, launched a GoFundMe fundraiser for themself and their two partners to leave Springfield, Missouri.

“We are three trans individuals who all depend on the Hormone Replacement Therapy and gender affirming care that is soon to be prohibitively limited,” Dempsey wrote in the fundraising appeal, adding they wanted to “escape Missouri when our lease is up at the end of May.”

Dempsey said they also got a prescription for a three-month supply of hormone therapy from their doctor in Springfield to tide them over until the move.

Bailey withdrew his rule after the state legislature in May restricted new access to such treatments for minors, but not adults like Dempsey and their partners. Still, Dempsey said their futures in Missouri didn’t look promising.

Neighboring Illinois was an obvious place to move; the legislature there passed a law in January that requires state-regulated insurance plans to cover gender-affirming health care at no extra cost. Where exactly was a bigger question. Chicago and its suburbs seemed too expensive. The partners wanted a progressive community similar in size and cost of living to the city they were leaving. They were looking for a Springfield in Illinois.

“But not Springfield, Illinois,” Dempsey quipped.

Gwendolyn Schwarz, 23, had also hoped to stay in Springfield, Missouri, her hometown, where she had recently graduated from Missouri State University with a degree in film and media studies. She had planned to continue her education in a graduate program at the university and, within the next year, get transition-related surgery, which can take a few months of recovery.

But her plans changed as Bailey’s rule stirred fear and confusion.

“I don’t want to be stuck and temporarily disabled in a state that doesn’t see my humanity,” Schwarz said.

She and a group of friends are planning to move west to Nevada, where state lawmakers have approved a measure that requires Medicaid to cover gender-affirming treatment for trans patients.

Schwarz said she hopes moving from Missouri to Nevada’s capital, Carson City, will allow her to continue living her life without fear and eventually get the surgery she wants.

Dempsey and their partners settled on Moline, Illinois, as the place to move. All three had to quit their jobs to relocate, but they have raised $3,000 on GoFundMe, more than enough to put a deposit down on an apartment.

On May 31, the partners packed the belongings they hadn’t sold and made the 400-mile drive to their new home.

Since then, Dempsey has already been able to see a medical provider at a clinic in Moline that caters to the LGBTQ+ community — and has gotten a new prescription for hormone therapy.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Cuando los antepasados de John Mestas se mudaron a Colorado hace más de 100 años para criar ovejas en el Valle de San Luis, “llegaron al paraíso”, contó.

“Había tanta agua que pensaron que nunca se acabaría”, dijo Mestas refiriéndose a la región agrícola en la cabecera del río Grande.

Ahora, décadas de sequía impulsada por el cambio climático, combinada con la sobre explotación de los acuíferos, están dejando al valle desesperadamente seco, y parece estar intensificando los niveles de metales pesados en el agua potable.

Al igual que un tercio de las personas que viven en este desierto alpino de gran altitud, Mestas depende de un pozo privado que extrae agua de un acuífero para beber. Y, al igual que muchos agricultores de la zona, usa la misma fuente para regar la alfalfa que alimenta a sus 550 vacas.

“Aquí, el agua lo es todo”, dijo.

Mestas, de 71 años, ahora es uno de los cientos de propietarios de pozos que participan en un estudio que aborda la pregunta: ¿Cómo afecta la sequía no solo a la cantidad, sino también a la calidad del agua?

El estudio, dirigido por Kathy James, profesora asociada en la Escuela de Salud Pública de Colorado, se centra en el arsénico en los pozos privados de agua potable. El arsénico, un carcinógeno que se encuentra naturalmente en el suelo, ha estado apareciendo en niveles crecientes en el agua potable del valle, según James.

En California, México y Vietnam, las investigaciones han relacionado el aumento de los niveles de arsénico en el agua subterránea con la sequía y la sobre explotación de los acuíferos.

A medida que el oeste lucha contra una mega sequía que ha durado más de dos décadas y los estados corren el riesgo de recortes en el agua del menguante río Colorado, el Valle de San Luis ofrece pistas sobre lo que el futuro puede deparar.

A nivel nacional, alrededor de 40 millones de personas dependen de pozos domésticos, estimó Melissa Lombard, investigadora en hidráulica del U.S. Geological Survey. Nevada, Arizona y Maine tienen el mayor porcentaje de usuarios de pozos domésticos —que oscilan entre aproximadamente un cuarto y una quinta parte de estos usuarios—, que utilizan agua con niveles elevados de arsénico, según encontró en un otro estudio.

Durante la sequía, el número de personas en los Estados Unidos continental expuestas a niveles elevados de arsénico en pozos domésticos podría aumentar de aproximadamente 2,7 millones a 4,1 millones, estimó Lombard utilizando modelos estadísticos.

Se ha comprobado que el arsénico afecta la salud a lo largo de la vida, comenzando con los espermatozoides y los óvulos, explicó James. Incluso una pequeña exposición, acumulada a lo largo de la vida de una persona, es suficiente para causar problemas de salud, agregó.

En un estudio anterior en el valle, James encontró que la exposición de por vida a niveles bajos de arsénico inorgánico en el agua potable, entre 10 y 100 microgramos por litro (µg/L), estuvo relacionada con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Otras investigaciones han vinculado la exposición crónica a niveles bajos de arsénico con hipertensión, diabetes y cáncer.

Las mujeres embarazadas y los niños corren un mayor riesgo de sufrir daños.

La Organización Mundial de la Salud establece el límite recomendado de arsénico en el agua potable en 10 µg/L, que también es el estándar de los Estados Unidos para los suministros públicos de agua. Pero las investigaciones han demostrado que, incluso a 5 µg/L, el arsénico está relacionado con tasas más altas de lesiones en la piel.

“Creo que es un problema del que mucha gente no está consciente”, dijo Lombard. “El cambio climático probablemente afectará la calidad del agua”, dijo, pero se necesita más investigación para comprender cómo y por qué.

Un foco de esperanza

El Valle de San Luis, que ha sido sede de una gran cantidad de investigación e innovación, es el lugar ideal para explorar esas preguntas, y posibles soluciones.

Conocido por sus impresionantes vistas montañosas y la cercanía al Parque y Reserva Nacional Great Sand Dunes, el valle abarca una región aproximadamente del tamaño de Massachusetts, convirtiéndolo en el valle alpino más grande de América del Norte.

Rico en herencia indígena, mexicana y española, contiene 500,000 acres de tierra de riego que producen papas, alfalfa para forraje y cebada para la cerveza de Coors. Es hogar de casi 50,000 personas, muchas de ellas trabajadores agrícolas y aproximadamente la mitad de ellas hispanas.

También es un lugar desafiante para vivir: los condados aquí se encuentran entre los más pobres del estado, y las tasas de diabetes, enfermedad renal y depresión son altas.

Dado que llueve muy poco, aproximadamente 7 pulgadas al año en promedio, los agricultores dependen de dos grandes acuíferos y de las cabeceras del río Grande, que continúa hacia México. El deshielo de las imponentes cordilleras de Sangre de Cristo y San Juan recarga el suministro cada primavera.

Sin embargo, a medida que el clima se calienta, hay menos nieve y el agua se evapora más rápidamente de lo normal tanto del suelo como de los cultivos. “Esta comunidad entera, esta cultura, se construyó en torno a la agricultura de riego”, dijo Cleave Simpson, senador estatal de Alamosa, republicano y agricultor de cuarta generación.

Pero desde 2002, el acuífero no confinado del valle ha perdido 1 millón de acres-pie de agua, o suficiente para cubrir 1 millón de acres de tierra con un pie de agua de profundidad, debido a la sequía persistente y el uso excesivo. Ahora las comunidades del valle enfrentan una fecha límite para reponer el acuífero, o enfrentar el cierre estatal de cientos de pozos de riego.

“Estamos una década adelante de lo que está sucediendo en el resto de Colorado” debido a la intensidad de la escasez de agua, dijo Simpson, quien administra el Río Grande Water Conservation District.

“Esto ya no es una sequía, esto es realmente la desertificación del Oeste“, dijo Simpson. Así es como los científicos describen una tendencia a largo plazo hacia la sequedad y aridez persistentes que solo puede detenerse abordando el cambio climático causado por los humanos.

James, quien es epidemióloga e ingeniera, ha estado estudiando las conexiones entre el clima y la salud en el valle durante los últimos 15 años. Descubrió que durante las tormentas de polvo en el Valle de San Luis, que se han vuelto más frecuentes, más personas llegan al hospital por ataques de asma. Y ha encuestado a los trabajadores agrícolas sobre cómo la sequía está afectando su salud mental.

En el estudio de los pozos domésticos, James se está centrando en el arsénico, que según dijo ha ido aumentando gradualmente en los pozos de agua potable del valle en los últimos 50 años. Los niveles de arsénico en el agua subterránea del Valle de San Luis son “considerablemente más altos que en muchas otras áreas de los Estados Unidos”, según James. También está investigando las disparidades étnicas, ya que un estudio mostró que los adultos hispanos tenían niveles más altos de arsénico en su orina que los adultos blancos no hispanos. (Las personas hispanas pueden ser de cualquier raza o combinación de razas).

Ahora, James tiene como objetivo analizar 1,000 pozos privados en el valle para explorar las conexiones entre la sequía, la calidad del agua y la salud. Hasta ahora, dijo que una pequeña proporción de los pozos muestra niveles elevados de metales pesados, incluyendo arsénico, uranio, tungsteno y manganeso, que se encuentran naturalmente en el suelo.

A diferencia de los suministros públicos de agua, los pozos domésticos privados no están regulados y pueden pasar años sin ser analizados. James ofrece pruebas de agua gratuitas y consultas sobre los resultados a los participantes. En el condado de Conejos, la hija de John Mestas, Angie Mestas, aprovechó la oportunidad de hacer una prueba gratuita, que costaría $195 en un laboratorio local.

Angie, maestra de 35 años, dijo que utilizó los ahorros de toda una vida para perforar un pozo de agua potable en su terreno, un campo abierto de hierba chamisa con vistas panorámicas a las Colinas de San Luis. Pero no beberá de este pozo hasta que se realicen pruebas de arsénico y E. coli, que son comunes en la zona.

Mientras espera los resultados de las pruebas, ha estado llevando barriles de agua de 5 galones desde la casa de su padre cada vez que pasa el fin de semana en su nueva carpa.

Amenaza sin olor ni color

Mientras tanto, Julie Zahringer, cuya familia se estableció en el valle desde España hace casi 400 años, ha estado observando las tendencias de calidad del agua de primera mano.

Zahringer, de 47 años, creció conduciendo un tractor en el rancho de su abuelo cerca de San Luis, la ciudad más antigua de Colorado, y pasó tiempo en el laboratorio con su madre, que es científica.

Como química y directora de laboratorio de SDC Laboratory en Alamosa, Zahringer analiza el agua potable privada y pública en el valle. Estimó que el 25% de los pozos privados analizados por su laboratorio muestran niveles elevados de arsénico. “Es incoloro, es inodoro”, dijo Zahringer. “La mayoría de las familias no saben si están bebiendo arsénico”.

Para ella, el vínculo con el clima parece claro: durante los períodos de sequía, un pozo que normalmente tiene alrededor de 10 µg/L de arsénico puede fácilmente duplicar o triplicar su concentración, dijo. Una posible razón es que hay menos agua para diluir los contaminantes naturales del suelo, aunque también intervienen otros factores.

Dijo que los niveles de arsénico solían ser bastante estables, pero después de 20 años de sequía, fluctúan de manera descontrolada.

“Ahora, cada vez más rápido, veo el mismo pozo que analicé hace tres años, y ni siquiera parece el mismo” porque los niveles de contaminantes han aumentado tanto, dijo Zahringer, quien también es miembro de la Comisión de Control de Calidad del Agua de Colorado.

En su propio pozo de agua potable, el nivel de arsénico aumentó de 13 a 20 µg/L este año, dijo.

Las observaciones de Zahringer son importantes historias de primera mano. James tiene como objetivo explorar, en un estudio científico riguroso con una muestra representativa de pozos y datos geoquímicos extensos, la prevalencia del arsénico y su conexión con la sequía.

La investigación todavía se encuentra en etapas iniciales, pero los científicos tienen varias hipótesis sobre cómo la sequía podría afectar el arsénico en el agua potable. En el Valle de San Joaquín, un importante centro agrícola en California, la investigación liderada por el experto en hidráulica Ryan Smith relacionó el aumento de arsénico en las aguas subterráneas con el “hundimiento del terreno”, un fenómeno documentado por primera vez en Vietnam.

El hundimiento del terreno, cuando el suelo se hunde debido a la sobreexplotación de los acuíferos, parece liberar arsénico de la arcilla hacia el agua, dijo Smith, profesor asistente de la Universidad Estatal de Colorado. En California, la sobreexplotación estaba fuertemente correlacionada con la sequía, agregó.

Sin embargo, otros factores, como la profundidad de un pozo, también juegan un papel: otro estudio del mismo sistema de acuíferos en California encontró que mientras el arsénico aumentaba en las aguas subterráneas más profundas, disminuía en las aguas más superficiales debido, en parte, a la oxidación.

Smith está trabajando ahora con James en el estudio del Valle de San Luis, donde espera que una gran cantidad de datos geoquímicos brinden más respuestas. Mientras tanto, los líderes comunitarios en el valle se están adaptando de formas impresionantes e innovadoras, dijo James.

Zahringer dijo que si el arsénico aparece en un pozo privado, anima a los clientes a instalar un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa en el fregadero de la cocina. El equipo cuesta alrededor de $300 con un proveedor externo, aunque los filtros que cuestan menos de $50 pueden necesitar cambiarse cada seis a 18 meses, dijo.

Aquellas personas que tratan su agua para eliminar el arsénico deben seguir realizando pruebas cada seis meses para asegurarse de que los filtros sean efectivos, agregó Zahringer. SDC Laboratory ofrece una prueba de arsénico por $25.

“A las personas no les gusta analizar el agua porque sabe bien y sus abuelos la bebían”, dijo. Pero “la solución es tan fácil”.

Una campaña de calidad del agua en 2009, liderada por el Consejo del Ecosistema del Valle de San Luis, también encontró niveles elevados de arsénico en los pozos a lo largo del valle. Como parte de sus actividades, la organización sin fines de lucro trabajó con agentes inmobiliarios para asegurarse de que los pozos domésticos sean analizados antes de que alguien compra una casa.

Eso es lo que hizo Sally Wier cuando compró una casa hace cinco años en una parcela de 8 acres en el condado de Rio Grande, rodeada de campos de cebada y alfalfa. La primera vez que probó su pozo, el nivel de arsénico era de 47 µg/L, casi cinco veces más del límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Wier instaló un sistema de filtración de agua por ósmosis inversa, pero dijo que el nivel de arsénico aumenta antes de que cambie los filtros cada pocos meses.

“Me pone muy ansiosa”, dijo Wier, de 38 años. “Probablemente estoy ingiriendo arsénico. Eso no es bueno para la salud a largo plazo”.

Wier es una de muchas personas que trabajan en soluciones innovadoras para la escasez de agua. Como gerente de proyectos de conservación en Colorado Open Lands, trabajó en un acuerdo mediante el cual se le pagó a un agricultor local, Ron Bowman, para que dejara de regar su granja de 1,800 acres. Según Wier, este acuerdo marca la primera vez en el país que se utiliza un acuerdo de uso de conservación para salvar agua subterránea y reponer acuíferos.

Canalizando dinero hacia una solución

En el condado de Costilla, el Move Mountains Youth Project ha estado pagando a agricultores locales, a través de una subvención gubernamental, para que conviertan una parte de sus tierras en cultivos de vegetales en lugar de cultivos de alfalfa que requieren mucha agua.

Los agricultores luego entrenan a los jóvenes para cultivar brócoli, espinaca y frijoles bolita, que se venden en una tienda de comestibles local. El proyecto tiene como objetivo fomentar la próxima generación de agricultores y “combatir la diabetes” al proporcionar alimentos cultivados localmente, dijo la directora ejecutiva Shirley Romero Otero.

Su grupo trabajó con tres agricultores el verano pasado y planea hacerlo con siete esta temporada, si hay suficiente agua disponible, contó.

En otro esfuerzo, agricultores como los Mestas se están gravando a sí mismos para extraer agua de sus propios pozos de riego. Y Simpson, del Distrito de Conservación del Agua del Río Grande, recientemente aseguró $30 millones en fondos federales para apoyar la conservación del agua. El plan incluye pagar a los agricultores $3,000 por acre-pie de agua para retirar permanentemente sus pozos de riego.

Dado que el arsénico no se limita a los pozos privados, también han respondido las agencias públicas: la ciudad de Alamosa construyó una nueva planta de tratamiento de agua en 2008 para cumplir con los estándares federales de arsénico.

En 2020, el estado de Colorado demandó a una granja de hongos en Alamosa por exponer a sus trabajadores al arsénico presente en el agua de grifo.

En la comunidad de casas móviles High Valley Park en el condado de Alamosa, un pozo que abastece a 85 personas ha excedido los niveles legales de arsénico desde 2006, cuando EPA endureció su estándar de 50 a 10 µg/L. En la prueba más reciente en febrero, la concentración fue de 19 µg/L.

En una tarde de abril, cuatro niños saltaban en un trampolín y se perseguían unos a otros alrededor de un árbol. “Tío, tengo sed y no quedan botellas de agua”, dijo uno de los niños, sin aliento.

El pozo abastece a 28 hogares. Sin embargo, los inquilinos de cinco viviendas han afirmado que no han estado bebiendo el agua durante años, no por el arsénico, del cual algunos no estaban conscientes, sino porque el agua a menudo sale de color marrón.

Eduardo Rodríguez, de 29 años, quien trabaja en excavación, dijo que compra dos cajas de botellas de agua cada semana para su esposa y sus cinco hijos.

“Esto debe arreglarse”, afirmó.

“El agua es terrible”, coincidió Craig Nelson, de 51 años, quien ha vivido en el parque de casas móviles durante dos años. “No se puede tomar”. Debido a que el pozo abastece al menos a 25 personas, está regulado por el estado.

El propietario del terreno, Rob Treat, de Salida, compró la propiedad en febrero de 2022 por casi medio millón de dólares. Cumplir con los estándares federales en cuanto al contenido de arsénico ha sido difícil, afirmó, porque sus niveles fluctúan cuando los agricultores cercanos extraen agua del acuífero para regar sus cultivos.

Treat estaba utilizando cloro para convertir un tipo de arsénico en una forma más tratable. Sin embargo, si agregaba demasiado cloro, esto creaba subproductos tóxicos, lo cual también llamó la atención de los reguladores. Bajo presión del estado, comenzó a mejorar el sistema de tratamiento de agua en mayo, con un costo de $150,000. Para cubrir los gastos, planea aumentar el alquiler mensual de $250 a $300 por lote.

“Si el estado se mantuviera al margen”, se quejó, “podríamos proporcionar viviendas asequibles”.

Mientras tanto, John Mestas aún está esperando los resultados de su pozo de agua potable.

Cuando regresa de viajar para administrar su rebaño de ganado, “lo primero que hago cuando entro a la casa es beber dos vasos de agua”, dijo. “Eso es lo que extraño, mi agua y mis perros. Saltan sobre mí mientras tomo mi agua. No sé quién está más feliz, si yo bebiendo el agua o ellos saltando”.

Este artículo fue apoyado por The Water Desk, una iniciativa de periodismo independiente con sede en el Center for Environmental Journalism de la Universidad de Colorado-Boulder.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Davila was sick enough that staffers at the local hospital gave her 2 liters of IV fluids and prescribed a daily regimen of vitamins and medication. This will be Davila’s third child and she hopes the nausea means it’s another girl.

Davila had moved back to her hometown of Clayton, New Mexico, so her kids could grow up near family — her dad, aunts, uncles, and cousins all live in this remote community of about 2,800 people in the northeastern corner of the state. But Clayton’s hospital stopped delivering babies more than a decade ago.

Aside from being sick, Davila was worried about making the more than 3½-hour round trip to the closest labor and delivery doctors in the state.

“With gas and kids and just work — having to miss all the time,” Davila said. “It was going to be difficult financially, kind of.”

Then, Davila spotted a billboard advertising the use of telehealth at her local hospital.

In rural regions, having a baby can be particularly fraught. Small-town hospitals face declining local populations and poor reimbursement. Those that don’t shutter often halt obstetric services to save money — even as the number of U.S. mothers who die each year while pregnant or shortly after has hit historic highs, particularly for Black women.

More than half of rural counties lack obstetric care, according to a U.S. Government Accountability Office report released last year. Low Medicaid reimbursement rates and a lack of health workers are some of the biggest challenges, the agency reported. New Mexico Medicaid leaders say 17 of the state’s 33 counties have limited or no obstetric care.

Those realities prompted the Federal Office of Rural Health Policy, which is part of the Health Resources and Services Administration, to launch the Rural Maternity and Obstetrics Management Strategies Program, RMOMS. Ten regional efforts nationwide — including one that serves Davila in northeastern New Mexico — have been awarded federal grants to spend on telehealth and creating networks of hospitals and clinics.

“We’ve never done this sort of work before,” said Tom Morris, associate administrator for the office at HRSA. “We were really testing out a concept … could we improve access?”

After joining the telehealth program, Davila didn’t have to take the afternoon off work for a recent prenatal checkup. She drove less than a mile from her job at the county courthouse and parked near the hospital. As she stepped inside a ranch-style yellow-brick clinic building, staffers greeted Davila with hugs and laughter. She then sat on a white-papered exam table facing a large computer screen.

“Hello, everybody,” said Timothy Brininger, a family practice doctor who specializes in obstetrics. He peered out the other side of the screen from about 80 miles away at Miners Colfax Medical Center in Raton, New Mexico.

The visit was a relief — close enough for a lunchtime appointment — and with staff “I’ve known my whole life,” Davila said. She heard her baby’s heartbeat, had her blood drawn, and laughed about how she debated the due date with her husband in bed one night.

“They’re nice,” Davila said of the local staff. “They make me feel comfortable.”

Yet, Davila may be one of the last expectant mothers to benefit from the telehealth program. It is slated to run out of money at the end of August.

‘Oh My God, It Really Made a Difference’

The day after Davila’s prenatal checkup, Brininger sat at his desk in Raton and explained, “The closest OB doctor besides the one sitting in front of you who’s working today is over 100 miles in any direction.”

When the telehealth program runs out of money, Brininger said, he wants to keep devices the grant paid for that enable some patients to home-monitor with blood pressure cuffs, oxygen sensors, and fetal heart rate monitors “so they don’t have to drive to see us.”

The retired military doctor has thoughts about the pilot program ending: “I will hope that our tax dollars have been utilized effectively to learn something from this because otherwise it’s a shame.”

Because of the grant, 1,000 women and their families in northeastern New Mexico have been connected to social services like food assistance and lactation counselors since 2019. More than 760 mothers have used the program for medical care, including home, telehealth, and clinic appointments. In its first year, 57% of the women identified as Hispanic and 5% as Indigenous.

Jade Vandiver, 25, said she feels “like I wouldn’t have made it without them.”

In the early months of her pregnancy, Vandiver slept during the day and struggled with diabetic hypoglycemic episodes. Vandiver’s husband repeatedly rushed her to the Clayton hospital’s emergency room because “we were scared I was going to go into a coma or worse.”

There, hospital staffers suggested Vandiver join the program. She eventually began traveling to specialists in Albuquerque for often weekly visits.

The program covered travel and hotel costs for the family. After months of checkups, she had a planned delivery of Ezra, who’s now a healthy 6-month-old. The boy watched his mother’s smile as she talked.

Without the program, Vandiver likely would have delivered at home and been airlifted out — possibly to the smaller Raton hospital.

Raton’s Miners Colfax is a small critical access hospital that recently closed its intensive care unit. The hospital sits just off Interstate 25, less than 10 miles south of the Colorado border, and its patients can be transient, Chief Nursing Officer Rhonda Moniot said. Maintaining the hospital’s obstetric program “is not easy, financially it’s not easy,” she said.

Moms from the area “don’t always seek care when they need to,” she said. Substance use disorders are common, she said, and those babies are often delivered under emergency conditions and prematurely.

“If we can get them in that first trimester … we have healthier outcomes in the end,” Moniot said, pulling up a spreadsheet on her computer.

At Raton’s hospital, 41% of mothers who gave birth before the RMOMS program began failed to show up for their first-trimester prenatal exams. But over two years — even as the covid-19 pandemic scared many patients away from seeking care — the number dropped to only 25% of mothers missing prenatal checkups during their first three months of pregnancy.

“I was, like, oh my God, it really made a difference,” said Moniot, who helped launch the program at Miners Colfax in 2019.

‘Let’s Not Let It Die’

Just a few weeks before Davila’s checkup in Clayton, the New Mexico program’s executive director, Colleen Durocher, traveled nearly 1,600 miles east to Capitol Hill to lobby for money.

Durocher said she cornered HRSA’s Morris at an evening event while in Washington, D.C. She said she told him the program is working but that the one year of planning plus three years of implementation paid for by the federal government was not enough.

“Let’s not let it die,” Durocher said. “It would be a real waste to let those successes just end.”

By April, Sen. Martin Heinrich (D-N.M.) said he was impressed by the program’s “lifesaving” work and asked for $1 million in the federal budget for fiscal year 2024. But the money, if approved, would likely not arrive before Durocher runs out of funding in late summer.

As the August deadline looms, Durocher said one obvious option would be to simply extend the grant. HRSA spokesperson Elana Ross said the agency cannot extend funding for the program. Each site, though, can reapply by offering to target a new population, include new hospitals or clinics, or provide services in a new area.

Of the 10 regional programs across the country, the one in New Mexico and two others are slated to end their pilots this year. Seven other programs — from Minnesota to Arkansas — are scheduled to end in 2025 or 2026. During their first two years, the 2019 awardees reported more than 5,000 women received medical care, and all three recorded a decrease in preterm births during the second year of implementation, according to HRSA.

The three initial programs also expanded their patient navigation programs to connect “hundreds of women to emotional support, insurance coverage, and social services, such as transportation and home visiting,” agency spokesperson Ross wrote in an email.

New Mexico Medicaid’s interim Director Lorelei Kellogg said her agency would like to “emulate” the program’s care coordination among hospitals and health staff in other areas of the state but also alter it to work best for different Indigenous and tribal cultures as well as African American partners.

There is money in the state’s budget to pay for patient navigators or community health workers, but there are no funds dedicated to support the maternity program, she said.

In the meantime, the program’s funding is set to run out just days before Davila’s baby is due in early September. In the coming months, Davila, like many mothers with an uncomplicated pregnancy, will have monthly prenatal telehealth visits, then biweekly and, as her due date nears, weekly.

“It’s nicer to be able to just pop in,” she said, adding that “it would be harder for the community” if the program didn’t exist.

Still, Davila may be one of the last moms to benefit from it.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Rep. Lloyd Doggett (D-Texas) said he decided to introduce a bill in the House late last week after KHN’s reporting revealed what he called a “shocking loophole.”

“The ability of fraudsters to continue billing Medicare for services is outrageous,” Doggett said. “This is an obvious correction that is needed to safeguard our system. Wherever there are large amounts of government money available, someone tries to steal it.”

KHN found a laundry list of weaknesses that allows people accused or convicted of fraud to easily sidestep bans imposed by federal officials. Among those gaps is the Centers for Medicare & Medicaid Services’ lack of authority to deny or revoke National Provider Identifier, or NPI, numbers after federal regulators have prohibited a person or business from receiving payments from government programs.

Doctors, nurses, other practitioners, and health businesses use the unique, 10-digit NPI numbers to bill and file claims with insurers and others, including Medicare and Medicaid.

Taking away the NPI would “be equivalent of prohibiting a practitioner from practicing in total,” Dara Corrigan, director of CMS’ Center for Program Integrity, wrote in an email response to questions about KHN’s investigation. CMS declined to comment on Doggett’s proposed legislation.

The bill, HR 1745, would give CMS the authority to deactivate NPIs tied to anyone convicted of waste, fraud, or abuse and whose name appears on the exclusions list kept by the Office of Inspector General for the U.S. Department of Health and Human Services. The proposed law would also require CMS to implement recommendations that the inspector general has made to improve NPI reporting and provider transparency.

“This strikes me as what should be an easy bipartisan measure,” Doggett said, adding that he had presented the bill in a face-to-face meeting with Rep. Jason Smith (R-Mo.), who chairs the House Ways and Means Committee. Doggett also alerted that panel’s health subcommittee chair, Rep. Vern Buchanan (R-Fla.).

“They both talk about the need to eliminate fraud, and this is one modest but important way to do it,” Doggett said. Neither Smith’s nor Buchanan’s offices responded to requests for comment.

The OIG declined to comment.

Former Justice Department officials told KHN that repeat violators are savvy and find ways to circumvent the system. KHN examined a sample of 300 health care business owners and executives who are among more than 1,600 on the OIG’s exclusion list since January 2017. Journalists reviewed court and property records, social media, and other publicly available documents.

KHN found:

• Eight people appeared to be serving or served in roles that could violate their bans.
• Six transferred control of a business to family or household members.
• Nine had previous, unrelated felony or fraud convictions, and went on to defraud the health care system.
• And seven were repeat violators, some of whom raked in tens of millions of federal health care dollars before getting caught by officials after a prior exclusion.

Doggett’s bill is “a pretty smart step in the right direction in fixing this issue,” said John Kelly, a former assistant chief of health care fraud at the Department of Justice who is now a partner for the law firm Barnes & Thornburg. Kelly had previously recommended that NPIs should be “essentially wiped clean” when a person is on the exclusions list.

Kelly, who confirmed that Doggett’s office reached out to him after KHN’s investigation was published in December, said taking the NPI number away “certainly doesn’t eliminate all risk” but it’s a move “in the right direction.”

“If you want to bill Medicare, you have to have a valid NPI,” Kelly said.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Less than two years after opening a state-of-the-art $26 million hospital in Leadville, Colorado, St. Vincent Health nearly ran out of money.

Hospital officials said in early December that without a cash infusion they would be unable to pay their bills or meet payroll by the end of the week.

The eight-bed rural hospital had turned a $2.2 million profit in 2021, but the windfall was largely a mirage. Pandemic relief payments masked problems in the way the hospital billed for services and collected payments.

In 2022, St. Vincent lost nearly $2.3 million. It was at risk of closing and leaving the 7,400 residents of Lake County without a hospital or immediate emergency care. A $480,000 bailout from the county and an advance of more than $1 million from the state kept the doors open and the lights on.

Since 2010, 145 rural hospitals across the U.S. have closed, according to the Cecil G. Sheps Center for Health Services Research at the University of North Carolina. But covid-19 relief measures slowed that trend. Only 10 rural hospitals shut down in 2021 and 2022 combined, after a record 19 in 2020. Two rural hospitals have closed already this year.

Now that those covid funds are gone, many challenges that threatened rural hospitals before the pandemic have resurfaced. Industry analysts warn that rural facilities, like St. Vincent Health, are once again on shaky ground.

Jeffrey Johnson, a partner with the consulting firm Wipfli, said he has been warning hospital boards during audits not to overestimate their financial position coming out of the pandemic.

He said the influx of cash aid gave rural hospital operators a “false sense of reality.”

No rural hospitals have closed in Colorado in the past decade, but 16 are operating in the red, according to Michelle Mills, CEO of the nonprofit Colorado Rural Health Center, the State Office of Rural Health. Last year, Delta County voters saved a rural hospital owned by Delta Health by passing a sales tax ballot measure to help support the facility. And state legislators are fast-tracking a $5 million payment to stabilize Denver Health, an urban safety-net hospital.

John Gardner took over as interim CEO of St. Vincent after the previous CEO resigned last year. He said the hospital’s cash crunch stemmed from decisions to spend covid funds on equipment instead of operating costs.

St. Vincent is classified by Medicare as a critical access hospital, so the federal program reimburses it based on its costs. Medicare advanced payments to hospitals in 2020, but then recouped the money by reducing payments in 2022. St. Vincent had to repay $1.2 million at the same time the hospital faced higher spending, a growing accounts-payable obligation, and falling revenue. The hospital, Gardner said, had mismanaged its billing process, hadn’t updated its prices since 2018, and failed to credential new clinicians with insurance plans.

Meanwhile, the hospital began adding services, including behavioral health, home health and hospice, and genetic testing, which came with high startup costs and additional employees.

“Some businesses the hospital was looking at getting into were beyond the normal menu of critical access hospitals,” Gardner said. “I think they lost their focus. There were just some bad decisions made.”

Once the hospital’s upside-down finances became clear, those services were dropped, and the hospital reduced staffing from 145 employees to 98.

Additionally, St. Vincent had purchased an accounting system designed for hospitals but had trouble getting it to work.

The accounting problems meant the hospital was late completing its 2021 audit and hadn’t provided its board with monthly financial updates. Gardner said the hospital believes it may have underreported its costs to Medicare, and so it is updating its reports in hopes of securing additional revenue.

The hospital also ran into difficulty with equipment it purchased to perform colonoscopies. St. Vincent is believed to be the highest-elevation hospital in the U.S., at more than 10,150 feet, and the equipment used to verify that the scopes weren’t leaking did not work at that altitude.

“We’re peeling the onion, trying to find out what are the things that went wrong and then fixing them, so it’s hopefully a ship that’s running fairly smoothly,” Gardner said.

Soon Gardner will hand off operations to a management company charged with getting the hospital back on track and hiring new leadership. But officials expect it could take two to three years to get the hospital on solid ground.

Some of those challenges are unique to St. Vincent, but many are not. According to the Chartis Center for Rural Health, a consulting and research firm, the average rural hospital operates with a razor-thin 1.8% margin, leaving little room for error.

Rural hospitals operating in states that have expanded Medicaid under the Affordable Care Act, as Colorado did, average a 2.6% margin, but rural hospitals in the 12 non-expansion states have a margin of minus 0.5%.

Chartis calculated that 43% of rural hospitals are operating in the red, down slightly from 45% last year. Michael Topchik, who heads the Chartis Center for Rural Health, said the rate was only 33% 10 years ago.

A hospital should be able to sustain operations with the income from patient care, he said. Additional payments — such as provider relief funds, revenues from tax levies, or other state or federal funds — should be set aside for the capital expenditures needed to keep hospitals up to date.

“That’s not what we see,” Topchik said, adding that hospitals use that supplemental income to pay salaries and keep the lights on.

Bob Morasko, CEO of Heart of the Rockies Regional Medical Center in Salida, said a change in the way Colorado’s Medicaid program pays hospitals has hurt rural facilities.

Several years ago, the program shifted from a cost-based approach, similar to Medicare’s, to one that pays per patient visit. He said a rural hospital has to staff its ER every night with at least a doctor, a nurse, and X-ray and laboratory technicians.

“If you’re paid on an encounter and you have very low volumes, you can’t cover your costs,” he said. “Some nights, you might get only one or two patients.”

Hospitals also struggle to recruit staff to rural areas and often have to pay higher salaries than they can afford. When they can’t recruit, they must pay even higher wages for temporary travel nurses or doctors. And the shift to an encounter-based system, Morasko said, also complicated coding for billing , leading to difficulties in hiring competent billing staff.

On top of that, inflation has meant hospitals pay more for goods and services, said Mills, from the state’s rural health center.

“Critical access hospitals and rural health clinics were established to provide care, not to be a moneymaker in the community,” she said.

Even if rural hospitals manage to stay open, their financial weakness can affect patients in other ways. Chartis found the number of rural hospitals eliminating obstetrics rose from 198 in 2019 to 217 last year, and the number no longer offering chemotherapy grew from 311 to 353.

“These were two we were able to track with large data sets, but it’s across the board,” Topchik said. “You don’t have to close to be weak.”

Back in Leadville, Gardner said financial lifelines thrown to the hospital have stabilized its financial situation for now, and he doesn’t anticipate needing to ask the county or state for more money.

“It gives us the cushion that we need to fix all the other things,” he said. “It’s not perfect, but I see light at the end of the tunnel.”

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Valley County, with a population of just over 7,500, passed levies to support the nursing home amounting to an estimated $300,000 a year for three years, starting this year. And when the Hi-Line Retirement Center in neighboring Phillips County shut down last year as the covid-19 pandemic brought more stressors to the nursing home industry, Valley View Home took in some of its patients.

Thompson said he foresees more nursing home closures on the horizon as their financial struggles continue. But lawmakers are trying to reduce that risk through measures that would raise and set standards for the Medicaid reimbursement rates that nursing homes depend on for their operations.

A study commissioned by the last legislative session found that Medicaid providers in Montana were being reimbursed at rates much lower than the cost of care. In his two-year state budget proposal before lawmakers, Republican Gov. Greg Gianforte has proposed increases to the provider rates that fall short of the study’s recommendations.

Legislators drafting the state health department budget included rates higher than the governor’s proposal, but still not enough for nursing homes to cover the cost of providing care. Those rates are subject to change as the state budget bill goes through the months-long legislative process, though majority-Republican lawmakers so far have rejected Democratic lawmakers’ attempts for full funding.

In a separate effort to address the long-term care industry’s long-term viability, a bipartisan bill going through Montana’s legislature, Senate Bill 296, aims to revise how nursing homes and assisted living facilities are funded. The bill would direct health officials to consider inflation, cost-of-living adjustments, and the actual costs of services in setting Medicaid reimbursement rates.

SB 296, which received an initial hearing on Feb. 17, has generated conflicting opinions from experts in the long-term care field on whether it does enough to avoid nursing home closures.

Republican Sen. Becky Beard, the bill’s sponsor, said that although the bill comes too late for the nursing homes that have already closed, she sees it as shining a light on a problem that’s not going away.

“We need to stop the attrition,” Beard said.

Sebastian Martinez Hickey, a research assistant at the Economic Policy Institute, a nonprofit think tank, said wages for nursing home employees had been extremely low even before the pandemic. He said the focus needs to be on raising Medicaid reimbursement rates beyond inflationary factors.

“Increasing Medicaid rates for inflation is going to have positive effects, but there’s no way that it’s going to compensate for what we’ve experienced in the last several years,” Martinez Hickey said.

Colorado, Illinois, Massachusetts, and North Carolina are among the states that have adopted laws or regulations to increase nursing home staff wages since the pandemic began. Michigan, North Carolina, and Ohio adopted increases or one-time bonuses.

In Maine, a 2020 study of long-term care workforce issues suggested that Medicaid rates should be high enough to support direct-care worker wages that amount to at least 125% of the minimum wage, which is $13.80 in that state. In combination with other goals outlined in the study, after a year there had been modest increases in residential care homes and beds, improved occupancy rates, and nods toward stabilization of the direct-care workforce.

Rose Hughes, executive director of the Montana Health Care Association, which lobbies on behalf of nursing homes and senior issues, said many of the problems plaguing senior care come down to reimbursement rates. There’s not enough money to hire staff, and, if there were, wages would still be too low to attract staff in a competitive marketplace, Hughes said.

“It’s trying to deal with systemic problems that exist in the system so that longer term the reimbursement system can be more stable,” Hughes said.

The governor’s office said Gianforte has been clear that Montana needs to raise its provider rates. For senior and long-term care, Gianforte’s proposed state budget would raise provider rates to 88% of the benchmark recommended by the state-commissioned study. Gianforte’s budget proposal is a starting point for lawmakers, and legislative budget writers have penciled in funding at about 90% of the benchmark rate.

“The governor continues to work with legislators and welcomes their input on his historic provider rate investment,” Gianforte spokesperson Kaitlin Price said.

Democratic Rep. Mary Caferro is sponsoring a bill to fully fund the Medicaid provider rates in accordance with the study.

“What we really, really need is our bill to pass so that it brings providers current with ongoing funding for predictability and stability so they can do the good work of caring for people,” Caferro said at a Feb. 21 press briefing.

But Thompson said that even the reimbursement rate recommended by the study — $279 per patient, per day, compared with the current $208 rate — isn’t high enough to cover Valley View Home’s expenses. He said he’s going to have to have a “heart to heart” with the facility’s board to see what can be done to keep it open if the local tax levies in combination with the new rate aren’t enough to cover the cost of operations.

David Trost, CEO of St. John’s United, an assisted-living facility for seniors in Billings, said the current reimbursement rate is so low that St. John’s uses savings, grants, fundraising revenue, and other investments to make up the difference. He said that while SB 296 looks at factors to cover operating costs, it doesn’t account for other costs, such as repairs and renovations.

“In addition to paying for existing operating costs as desired by SB 296, we also need to look at funding of capital improvements through some loan mechanism to help nursing facilities make improvements to existing environments,” Trost said.

Another component of SB 296 seeks to boost assisted-living services by generating more federal funding.

Additional money could help reduce or eliminate the waiting list for assisted-living homes, which now stands at about 175 people, Hughes said. That waiting list not only signals that some seniors aren’t getting service, but it also results in more people being sent to nursing homes when they may not need that level of care.

SB 296 would also ensure that money appropriated to nursing homes can be used only for nursing homes, and not be available for other programs within the Department of Public Health and Human Services, like dentists, hospitals, or Medicaid expansion. According to Hughes, in 2021 the nursing home budget had a remainder of $29 million, which was transferred to different programs in the Senior and Long Term Care division.

If the funding safeguard in SB 296 had been in place at that time, Hughes said, there may have been more money to sustain the nursing homes that closed last year.

Keely Larson is the KHN fellow for the UM Legislative News Service, a partnership of the University of Montana School of Journalism, the Montana Newspaper Association, and Kaiser Health News. Larson is a graduate student in environmental and natural resources journalism at the University of Montana.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).